El juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid condena a José María Ruiz-Mateos y a su hijo Francisco Javier a pagar 92 millones a los acreedores de la sociedad José María Ruiz-Mateos, principal emisora de los pagarés de Nueva Rumasa.
Como vemos el panorama de los Ruiz-Mateos ha cambiado sustancialmente en los últimos días: si hace apenas tres semanas dos de los hijos de José María Ruiz-Mateos, Álvaro y el ya mencionado Francisco Javier, entraron en prisión por un delito contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes, a esta nueva sentencia en contra hay que sumar otra sentencia millonaria por el ´caso Trapa´, donde se condena al empresario jerezano junto con los administradores de la sociedad a pagar más de 120 millones a los acreedores concursales (además de los acreedores de la masa) el importe total de la deuda contraída por la empresa.
La historia de los pagarés se remonta al mes de Febrero del 2009, momento en el que se realiza la primera emisión por valor de 60 millones de euros; posteriormente, las emisiones continuaron hasta Junio de 2010, año de la quinta y última emisión de pagarés Nueva Rumasa. Es importante especificar que, según el folleto explicativo, los pagarés tenían una finalidad muy concreta: comprar el 25% de una importantísima empresa agroalimentaria.
En cuanto a las condiciones, como suele pasar en casi todas las estafas, éstas eran muy suculentas: cada inversor debía aportar un capital mínimo (dependiendo de la emisión, el capital mínimo alcanzaba los 50.000 euros) a cambio de unos intereses que llegaban a ser de hasta el 12% (muy superiores a los que daba el mercado en ese momento), y a un vencimiento de dos años. Además, la emisión estaba avalada por dos compañías muy conocidas: Dhul y Clesa, las cuales habían sido adquiridas por el grupo Nueva Rumasa. Al final, la recaudación superó los 97 millones de euros; sin embargo los titulares de los pagarés nunca recuperaron el capital aportado… de momento.
Los 97 millones de euros de los pagarés fueron a parar a una compañía —Bardajera—, que, después de hacer desaparecer esos 97 millones de euros, se declaró en concurso de acreedores. Y es este concurso de acreedores el que ha sido declarado como fraudulento según la reciente sentencia.
El siguiente paso debe pasar necesariamente por averiguar el paradero de esos 97 millones de euros, y devolver a los miles de personas atrapadas por los pagarés de Nueva Rumasa (víctimas de la confianza que en su día depositaron en los Ruiz-Mateos) lo que legítimamente les corresponde.
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