Abengoa y Volkswagen al relevo de los abusos bancarios

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Abengoa y Volkswagen al relevo de los abusos bancariosSi 2015 ha sido un año récord en lo que a reclamaciones por preferentes y acciones de Bankia se refiere, el 2016 amanece con la sacudida, reciente, de los últimos escándalos empresariales de Abengoa y Volkswagen, escándalos que, muy probablemente, tomarán el relevo en los Tribunales de las demandas relativas a los abusos bancarios.

Pero los casos de Volkswagen y Abengoa no son exactamente iguales; así, mientras las reclamaciones contra el fabricante de automóviles están enfocadas en el engaño sufrido por los consumidores en lo que a las especificaciones del vehículo se refiere (nivel de emisiones contaminantes), en el tema de Abengoa los frentes abiertos son más diversos: por un lado algunos minoritarios exigen una compensación a la energética por los daños y perjuicios causados debidos, entre otros, a la información no fiel presentada por la empresa; además, a esto se suma una querella criminal contra la cúpula de la multinacional sevillana que será investigada por la Audiencia Nacional.

Bonistas, tenedores de deuda y accionistas minoritarios

El preconcurso de acreedores de Abengoa ha precipitado una serie de acciones legales llevadas a cabo por bonistas, tenedores de deuda, y accionistas minoritarios. De hecho, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional —Carmen Lamela— ya ha admitido a trámite las querellas presentada por dos titulares de bonos contra Felipe Benjumea —expresidente de Abengoa— y su exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, en la que se les atribuye un presunto delito de administración desleal. Asimismo, a Sánchez Ortega también se le acusa de haber utilizado supuestamente información privilegiada. De forma más específica, los dos exdirectivos están acusados de intentar enriquecerse por medio de la adjudicación de elevadas indemnizaciones, en lugar de salvar la compañía.

En lo que a los accionistas atañe, las demandas (muchas ante los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla) consideran que la empresa habría contravenido la Ley del Mercado de Valores al proporcionar información que iba contra la imagen fiel de sus cuentas. Concretamente, se piden daños y perjuicios para los accionistas que no contaron con información real a la hora de realizar sus inversiones. La demanda tiene su origen en los hechos acaecidos en el último trimestre de 2014, momento en el que empezaron a surgir serias dudas en los mercados acerca de la contabilidad en la deuda de la empresa, al tiempo que sus directivos aseguraban que la compañía se encontraba en condiciones “óptimas”.

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