Para la Presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, quien en su día no fue capaz de detectar fraudes tan flagrantes como el perpetrado por GOWEX, Volkswagen hizo algo más que una mala práctica, según declaró recientemente al término de la entrega de los premios del Foro de Buen Gobierno y Accionariado. Al parecer, la máxima dirigente del organismo regulador entiende que falsear una máquina es tan grave como falsear una cuenta. En este caso, no le falta razón.
No obstante, Rodríguez aún no se ha atrevido a calificar estas “malas prácticas” como delito, a pesar de que la Audiencia Nacional recibió el pasado 29 de Septiembre la primera querella contra la cúpula de la empresa.
Como es sabido, la compañía automovilística instaló un software —Defeat Device— en los motores de sus coches diésel (producidos entre el año 2009 y 2015) capaz de detectar si el automóvil se encontraba en revisión; en ese momento los parámetros del vehículo eran alterados de forma artificial, con el fin de pasar el test relativo a las emisiones de gases contaminantes… con nota. Es decir, que el gigante teutón, en lugar de trabajar y ofrecer a sus clientes un producto de calidad respetuoso con el medio ambiente, se dedicaba a “copiar en los exámenes”. Como resultado de lo anterior, Volkswagen se ahorraba unos 6.000 dólares (5.400 euros) en la fabricación de cada vehículo.
Más allá de los evidentes perjuicios para profesionales —taxistas— y consumidores, quienes ahora más que nunca se encuentran en disposición de demandar al grupo por los daños causados y el lucro cesante (debido al tiempo que se pierda en las revisiones), además de exigir la devolución del importe del coche o su sustitución por otro nuevo (con el motor sin trucar), existe un daño, no menor, para los accionistas que han visto reducido el valor de sus acciones de forma dramática.
En este último sentido ya se ha presentado en Estados Unidos la primera demanda por parte de un fondo de pensiones —St. Clair Fund— que adquirió en Julio de 2011 doscientos mil dólares en valores de la compañía. Se calcula que, si todos los accionistas reclamasen, Volkswagen tendría que hacer frente a una indemnización de 8.000 millones sólo en dicho país.
Pero el oscuro panorama judicial al que se enfrenta la corporación alemana no ha hecho más que empezar, pues también deberá hacer frente a un aluvión de demandas por atentados contra la salud pública y el medio ambiente. De hecho, la primera ya ha sido interpuesta en el Estado de Tejas, concretamente en la ciudad de Houston, donde se le piden nada menos que 100 millones de dólares por este concepto.
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