El G7 —los principales bancos acreedores de Abengoa integrados por el Santander, HSBC, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Crédit Agricole— quieren evitar nuevas inyecciones de liquidez a su costa en la multinacional sevillana. Las necesidades más urgentes, en torno a los cien millones de euros, se centran ahora en las nóminas de los trabajadores correspondientes al mes de Enero. Por ello, las entidades financieras están presionando a la energética para que culmine alguna de las desinversiones que supuestamente estaban comprometidas desde Septiembre (de 2015). Según fuentes del mercado, “hay interés por algunos activos y lo que falta es que se pongan de acuerdo en el precio“.
Es conocido que Abengoa declaró el preconcurso voluntario de acreedores el pasado 25 de Noviembre, provocando de este modo que las posibles ofertas por sus activos sean a la baja. El grupo, presidido en la actualidad por José Domínguez Abascal, es consciente de ello, pero eso no significa que esté dispuesto a vender sus activos a cualquier precio.
Los bancos acreedores, por su parte, mediarán en la medida de lo posible (como no podía ser de otra forma) para conseguir cerrar alguna operación, pero al mismo tiempo, conocedores de la situación de debilidad manifiesta que atraviesa la compañía, son partidarios de no malvender; y es que, al fin y a la postre, uno de los posibles horizontes contempla a los bancos como dueños de facto de la empresa.
Volviendo al mes de Septiembre, en el marco del acuerdo para la ampliación de capital, Abengoa, entonces liderada por Felipe Benjumea y Santiago Seage, aceptó vender activos por 1.200 millones. Este importe suponía cerca de la mitad del valor en libros de todos los activos que tenía en venta hasta Septiembre, que ascendía a 2.189 millones. Entre las hipotéticas ventas figuraban dos plantas de cogeneración en Brasil, una de ciclo combinado en Argelia, el Hospital de Manaus en Brasil, las plantas desaladoras de Ghana, plantas solares en Sudáfrica, Abu Dhabi, Chile o Argelia, líneas de transmisión en Perú, una central de tratamiento de agua en Estados Unidos, un parque eólico en Uruguay, una planta de cogeneración y otra de ciclo combinado en México, además de varias instalaciones fotovoltaicas en España.
Ahora bien, si las ventas no llegan a buen término en las próximas semanas, o las que se cierren no suman un importe suficiente para hacer frente a las necesidades de liquidez inmediatas, el G7 se encontrará ante la encrucijada de tener que inyectar nueva liquidez en la compañía. En este sentido hay que recordar que en Diciembre la banca ya asumió un crédito de 106 millones, prácticamente “obligada” para no precipitar el concurso de acreedores, lo que las habría forzado a provisionar toda su deuda y descuadrar los balances de 2015.
En 2016 su posición es diferente y ya han instado al resto de implicados para que, llegado el caso, participen en las aportaciones. Así, emergen como potenciales financiadores el resto de acreedores (cerca de 250 entre entidades financieras, instituciones, y bonistas). Según fuentes sectoriales, algunos bancos y unos pocos bonistas, asesorados por Houlihan Lokey y Clifford Chance, han mostrado su disposición a ayudar, aunque los términos son todavía “difusos”.
De momento todo las previsiones apuntan a que los agentes implicados esperarán al Plan de Viabilidad que Álvarez & Marsal entregará el 18 de Enero antes de tomar cualquier tipo de decisión. A partir de ahí KPMG, el asesor financiero, lo cruzará con el mapa de deuda y definirá la estrategia a finales de este mes de Enero para implementar la reestructuración de la ingeniería andaluza.
Si ninguna de las alternativas funciona, se desencadenará el concurso que, según fuentes financieras, en ningún caso sería antes del 31 de Enero.
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