La economía circular es un concepto económico interrelacionado con la sostenibilidad, y cuyo principal objetivo consiste en minimizar la generación de residuos durante el proceso de producción, al tiempo que se maximiza el valor de los bienes y servicios producidos y almacenados. Se contrapone por tanto al concepto de economía lineal. Se trata, en definitiva, de implementar en la economía empresarial el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.
Por increíble que parezca, este concepto es desconocido para la mayoría de nuestras empresas, que no saben nada o casi nada del mismo, pero que indirectamente tendrán que implementar ante los cambios normativos que se avecinan desde la Unión Europea.
Cambios normativos en la Unión Europea
Desde las empresas tampoco se es consciente de todos los cambios normativos, estrechamente relacionados con el concepto de economía circular y medioambiental, que se avecinan desde Bruselas. Así, dentro de la llamada Estrategia Europea 2020, muchos círculos empresariales apuestan por un crecimiento inteligente donde se defienda “una Europa que utilice eficazmente los recursos y genere un crecimiento inteligente, sostenible e integrador“.
En concreto se oferta “un marco de medidas a largo plazo y, de manera coherente, otras a medio plazo entre las cuales ya está identificada una estrategia destinada a convertir a la UE en una economía circular basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos“.
No obstante, más allá del desconocimiento que el concepto en sí pueda entrañar, las empresas —de una manera intuitiva o por puro sentido común— ya están realizando acciones (principalmente tareas de ahorro energético y reciclaje) destinadas a constituir la base o punto de inicio para el desarrollo de iniciativas catalogadas como economía circular, si bien esto se da con más frecuencia en las grandes (el 92%) que en las pequeñas (el 55% de las que tienen menos de 50 trabajadores) y las industriales (el 80% frente al 50% en el caso de los servicios y el comercio).
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